Geraldina Colotti
¿Rendición o avance táctico? La firma del reciente acuerdo energético entre el Estado venezolano y los Estados Unidos representa una de las inflexiones más profundas y complejas de la historia contemporánea del país. La decisión se produce en una coyuntura de extrema tensión, atravesada por el asedio imperial, las secuelas del bloqueo financiero, el bombardeo de enero y el dramático secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la «primera combatiente» Cilia Flores. Este entendimiento ha desatado un intenso debate en el seno del pensamiento antiimperialista y de la izquierda global. Lejos de las lecturas simplistas que oscilan entre la condena rotunda y el entusiasmo ingenuo, un análisis riguroso exige sopesar los datos técnicos, el contexto geopolítico, los riesgos, las alternativas reales y la respuesta organizada de la clase obrera.
Para comprender la naturaleza del acuerdo es imperativo partir de la realidad material que lo precede. Tras más de una década de medidas coercitivas unilaterales —un asedio sistemático donde PDVSA concentró el blanco de más del 20% de las sanciones, reduciendo drásticamente la capacidad de extracción y asfixiando los ingresos fiscales de la nación—, la economía venezolana operaba bajo un cerco asfixiante que culminó en la agresión militar directa y en el secuestro del presidente Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. Desde los últimos meses de 2025, el país fue sometido incluso a un bloqueo naval de hecho, encontrándose con cero ingresos y viéndose obligado a vender petróleo de forma irregular por debajo del precio de mercado con tal de sobrevivir.
Como ha señalado el viceministro William Castillo, el país ha transitado un largo «ciclo de resistencia» frente a la agresividad externa. Y el presidente Maduro ha sido uno de los principales artífices de esta gran táctica para romper el asedio.
Frente a la campaña de desinformación desatada por los grandes centros hegemónicos de comunicación y por los sectores de la extrema derecha —decididos a hacer creer que el pacto representa la entrega de los recursos nacionales a precios de gallina flaca—, la realidad de las cifras y el marco legal establecido por la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos desmienten entretanto el relato opositor. El acuerdo abarca concesiones sobre 17 campos estratégicos y 8 bloques verdes (greenfields) en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías (alrededor del 21,5% de las reservas probadas). Se trata de áreas sin infraestructura previa que requieren capitales masivos para construir todo desde cero. El hecho de que el operador privado asuma el proyecto a su propio costo, cuenta y riesgo le ahorra al Estado venezolano costos y enormes riesgos operativos, manteniendo la República la propiedad jurídica y absoluta de los yacimientos.
La duración del contrato está limitada por ley a 25 años (y no a 100 como sostiene la propaganda opositora). Esto obliga a las empresas a poner en producción los pozos en el menor tiempo posible, garantizando el ingreso de inversiones a muy corto plazo. Dicho esto, dado el deterioro de las instalaciones, según algunos analistas los resultados comenzarán a ser efectivos no antes de cinco años.
La regalía mínima se ha fijado en el 16% por cada barril extraído, a lo que se suma un Impuesto Sobre la Renta (ISLR) del 34%. Basta recordar que durante la llamada Apertura Petrolera de la Cuarta República la regalía era de apenas el 1%. Desde la llegada de Chávez, las grandes trasnacionales ya no han vuelto a dejar solo las migajas como antaño. Las estimaciones indican que el entendimiento aportará a las arcas del Estado más de 209 mil millones de dólares (alrededor de 19 dólares netos por barril únicamente en concepto de tributos fiscales). El total de los beneficios económicos para la nación incluirá componentes adicionales previstos en la ley.
Las declaraciones de Donald Trump —según las cuales EE. UU. habría «tomado» 65 mil millones de barriles— responden a una maniobra retórica para condicionar los mercados financieros y bajar los precios del crudo en el marco de la crisis de Ormuz. Los datos matemáticos indican que la extracción efectiva en los 25 años de contrato se situará en torno a los 11 mil millones de barriles; los 65 mil millones representan simplemente el stock global de las reservas estimadas para esas áreas, no su expolio total.
La respuesta concreta a esta inflexión geopolítica se consolidó en el encuentro entre el gobierno bolivariano y la fuerza trabajadora del país, documentado por las emisoras nacionales e internacionales. Durante la asamblea con las y los trabajadores, la presidenta incaricata Delcy Rodríguez desgranó con claridad la línea de acción del Ejecutivo. Reconoció abiertamente las dificultades extremas y los sufrimientos padecidos por el pueblo venezolano a causa del asedio y del bloqueo económico, recordando cómo las sanciones han golpeado el corazón de los salarios y de los derechos sociales de la clase trabajadora.
Reiteró que el ingreso regulado de inversiones no significa rendición ideológica alguna, sino un instrumento pragmático y soberano para poner en marcha las capacidades productivas nacionales, recuperar la industria petrolera y generar los ingresos fiscales indispensables para reconstruir el salario real. Subrayó que ninguna transformación económica se hará a espaldas de los trabajadores: la clase obrera y las estructuras sindicales —dijo— están llamadas a ejercer un control social directo, vigilando los procesos productivos y garantizando que los recursos generados permanezcan al servicio de la justicia social y de la defensa de la Patria.
Para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y para la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca (CBST, el principal sindicato del país), este encuentro directo confirmó que la reactivación industrial bajo el control soberano del Estado constituye el único instrumento real para defender el poder adquisitivo y garantizar la estabilidad laboral.
Analistas del sector técnico como el experto petrolero David Paravisini confirman que la inserción de capitales y la cooperación técnica internacional no solo son inevitables para superar el rezago productivo inducido, sino que refuerzan la experiencia de la clase trabajadora petrolera y reafirman la solidez de un Estado que continúa fijando las reglas soberanas de explotación. El petróleo —reitera el experto— debe volver a producir riqueza para el pueblo y no permanecer estéril bajo tierra.
En este escenario de máxima vulnerabilidad, la decisión del Ejecutivo afirma responder a una precisa maniobra táctica. Por un lado, afronta el dilema entre dejar las reservas inutilizadas debido al bloqueo tecnológico o abrir cauces regulados para reactivar el aparato productivo. Por otro lado, busca desolidarizar y resquebrajar la arquitectura de las sanciones, haciendo palanca en los intereses económicos de las corporaciones para aligerar la presión y propiciar, en el plano jurídico y diplomático, el retorno del presidente secuestrado Nicolás Maduro y de Cilia Flores. La presidenta encargada, actuando en el marco de la continuidad institucional «para evitar el caos», ha priorizado esta maniobra geopolítica.
El panorama político interno muestra sin embargo diversas matices. Figuras de la extrema derecha como María Corina Machado o María Elvira Salazar, junto a exfuncionarios como Rafael Ramírez (exministro de Petróleo, prófugo de la justicia por corrupción y hoy en la oposición), han atacado el acuerdo. Es una flagrante contradicción por parte de quienes durante años pidieron invasiones, bloqueos y sanciones y hoy lamentan las consecuencias del cerco que ayudaron a diseñar.
Sectores minoritarios del chavismo radical e intelectuales como Luis Britto García han planteado legítimas advertencias sobre los riesgos de opacidad financiera o sobre el peligro de que los flujos monetarios queden atrapados en los circuitos de control del Tesoro estadounidense.
Al mismo tiempo, no encuentra confirmación alguna la idea de que el acuerdo con Washington implique la ruptura de las alianzas estratégicas con los socios multipolares en Eurasia, como China o Rusia. Pekín y Moscú mantienen intactos sus contratos de asociación estratégica en los yacimientos del Orinoco, en un modelo de coexistencia multivectorial donde el Estado venezolano conserva la dirección unitaria.
Dentro del propio bloque revolucionario se levantan además voces que ponen el acento en la naturaleza temporal y viciada de cualquier firma efectuada bajo chantaje. Entre estas destaca la posición de la diputada Iris Varela, quien ha subrayado la sustancial inoperatividad de acuerdos suscritos bajo la amenaza directa de las armas y de la agresión externa. Varela ha recordado que tales pactos sufren de un vicio de origen y que, una vez restablecida la plena normalidad constitucional y la soberanía territorial sin injerencias, estos contratos podrán ser legalmente anulados por ser insanablemente inconstitucionales.
Entre tanto, prosigue la ofensiva legal ya en curso a nivel internacional para el retorno del presidente secuestrado. La defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores ha presentado ya un formal recurso de nulidad ante los tribunales internacionales y estadounidenses, denunciando la ilegitimidad de su secuestro en palese violación de la inmunidad diplomática y soberana. Una maniobra legal que, en las intenciones del gobierno encargado, se entrelaza con la económica y petrolera: para desolidarizar la arquitectura de las sanciones, haciendo palanca en los intereses económicos de las corporaciones extranjeras, para aligerar la presión y propiciar, en el plano económico, jurídico y diplomático, el retorno a la patria de la pareja presidencial.
El acuerdo energético sobre el Orinoco rechaza las métricas abstractas y los juicios de gabinete: debe colocarse dentro de la materia viva de la lucha de clases global y en la despiadada correlación de fuerzas surgida de la agresión de enero. Las experiencias históricas de los procesos revolucionarios enseñan que la firmeza de una fase de transición no se mide por el purismo de la inacción, sino por la capacidad táctica de preservar el poder político, defender la vida material del pueblo y doblegar en beneficio propio las fisuras internas del adversario imperial.
La batalla por el control de los recursos y por el destino de la República sigue de todos modos completamente abierta. En este escenario impervio, la lucidez analítica, la cohesión orgánica de las bases y la intransigencia de la fuerza trabajadora y de las comunas constituyen la verdadera garantía para que esta compleja maniobra de resistencia no termine en un desastre, sino que por el contrario se convierta en una victoria estratégica para Venezuela y para todo el Sur Global.