Mese: Settembre 2026

Geraldina Colotti

Delcy Rodríguez y Mafalda en Nueva York

La fotografía de Delcy Rodríguez junto a Donald Trump en Nueva York, tomada al margen de la octagésima primera Asamblea General de las Naciones Unidas, obliga a observar una escena que abre a profundas reflexiones sobre las transformaciones de la geopolítica contemporánea. Después de ocho años de aislamiento diplomático, el regreso de Venezuela al Palacio de Cristal se ha insertado en un marco complejo, en el que la comunicación visual y la simbología política actúan como un lenguaje denso de significados contrapuestos. Y precisamente en esa foto, se notará que la que hace Rodríguez no es la V de la victoria, sino el símbolo de la firma de Chávez, con el puño cerrado y los dos dedos puestos al revés: ese mismo signo hecho por Maduro encadenado tras el secuestro del 3 de enero. Como diciendo: no puedo hablar abiertamente, pero la continuidad sigue siendo la misma.

El contraste visual ha emergido con evidencia desde la llegada. Por un lado, la continuidad con la memoria histórica del proceso bolivariano, recordada por la flamante bufanda roja usada por Rodríguez —análoga a la lucida por Hugo Chávez en 2006 desde el mismo podio— y por la chaqueta que lleva en la parte trasera a la célebre Mafalda de Quino: un cortocircuito visual en el que la ironía mordaz y la inteligencia crítica latinoamericana son exhibidas descaradamente de espaldas contra quien pretende dictar las reglas de las relaciones de fuerza. Por el otro, el encuentro con el líder de la principal potencia occidental ha expuesto al ejecutivo a una lectura profundamente polarizada.

Mientras el gobierno reivindica la jugada como un ejercicio de inventiva táctica en el surco del clásico “o inventamos o erramos”, enfocado en romper el bloqueo y gestionar la supervivencia económica, gran parte de la extrema izquierda internacional lee este giro no como pragmatismo, sino como una neta cesión y un abandono de los principios antimperialistas, que termina favoreciendo la línea de Trump y sus ataques a los pueblos del planeta, a partir de la complicidad con el genocidio en Palestina.

Un malestar visualmente amplificado por otras dos imágenes contrapuestas de estos días: por un lado, la de la delegación cubana que abandona el aula cuando Trump empieza sus ataques a la isla; por el otro, la que retrata a la presidenta encargada de Venezuela mientras escucha, con una expresión entre atónita y gélida, al mismo Trump reivindicar públicamente el secuestro de Nicolás Maduro y el robo de los recursos del país, sosteniendo que quien gana se lleva el botín. Y el encuentro privado con Trump se desarrolló a pocas metros del Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn, donde el presidente y Cilia Flores siguen recluidos.

La partida diplomática se mueve en un silencio casi absoluto sobre el futuro de la pareja presidencial. Resta por entender si en la audiencia del 8 de octubre se concederán los arrestos domiciliarios a Cilia Flores por motivos de salud. La defensa de la primera dama venezolana, secuestrada por las tropas de EE. UU. junto al presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, los ha solicitado aduciendo serios motivos de salud de la diputada septuagenaria, por problemas cardíacos surgidos en detención. Como Maduro, Flores está recluida en una cárcel especial neoyorquina, el Centro Metropolitano de Detención (MDC) de Brooklyn: mantenida en aislamiento y —denuncian los abogados— maltratada por las heridas reportadas durante el secuestro. Por esto, para ponerle numerosos puntos de sutura en la frente y curar a duras penas la rodilla de Maduro, aquella noche los secuestradores habían tenido que hacer una escala en Puerto Rico, prosiguiendo luego hacia la prisión.

Desde entonces, cada 3 del mes, un nutrido grupo de activistas y defensores de los derechos humanos se manifiesta frente a la cárcel en la que está detenido el presidente, contra “el proceso farsa” a un jefe de Estado en funciones, y acude a una colina situada frente a la sección en la que está recluida Cilia, para demostrarle solidaridad. En esa fecha, cada mes, las manifestaciones se desarrollan también en otras partes de Estados Unidos. Incluso la oposición venezolana basada en Miami se hace sentir, obviamente con intenciones opuestas, con ocasión de las citas judiciales que conciernen a la pareja presidencial. A contestar la presencia de Rodríguez en la ONU había un escaso grupo de opositores radicales, mientras sus partidos difundían la noticia de varios intentos fallidos de María Corina Machado de regresar a Venezuela, aprovechando la ausencia temporal de la presidenta encargada.

Hasta ahora, las audiencias relativas al “proceso farsa” de la pareja presidencial han sido dos: la del 5 de enero de 2026, cuando Maduro y Flores comparecieron ante el juez federal para declararse prisioneros de guerra y no culpables de las acusaciones de estar al frente de un cartel del narcotráfico (el cartel de los Soles, declarado luego inexistente por la propia justicia de EE. UU.); y la del 22 julio, una audiencia procesal en la que se fijó la fecha de inicio del juicio, establecida para el 1 de junio de 2027.

La defensa, sin embargo, espera que no se llegue a eso y que, el próximo 17 de noviembre, el juez acoja las argumentaciones orales y la presentación de mociones para pedir el sobreseimiento del caso (motion to dismiss), basadas sobre todo en la inmunidad de la que goza un presidente en funciones, y en la contestación de la legitimidad de la “detención”: un inédito secuestro con despliegue de agresión armada y muertos, en violación de toda norma internacional.

Es evidente que la partida es totalmente política y es en ese ámbito donde se tendrá que tratar de resolver la cuestión. Mientras tanto, circulan especulaciones sobre la posibilidad de una liberación de Maduro asociada a un posterior exilio en el extranjero: el plan que le había propuesto Trump amenazadoramente en la última llamada telefónica cruzada entre ambos, a pocos días de la agresión militar de las tropas de EE. UU. Para romper la cortina de silencio institucional en este frente, llega nuevamente una imagen, difundida por el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente, que ha mostrado el símbolo de la campaña por la liberación de la pareja presidencial acompañado por un elocuente mensaje: “Pronto volverán”.

Amanecerá y veremos, dice un refrán venezolano.

Este escenario se entrelaza con los pasos judiciales y normativos en Estados Unidos. El 16 de septiembre, Venezuela fue retirada de la lista de países acusados de no luchar contra el narcoterrorismo, una jugada que la defensa pretende explotar para hacer valer la inmunidad diplomática, con vistas también a los plazos procesales y a las mociones de archivo esperadas para el 17 de noviembre.

Paralelamente, sigue dando que hablar el caso de Alex Saab, el exministro y empresario colombo-venezolano, hace años secuestrado por Estados Unidos, luego liberado bajo el gobierno de Biden mediante un intercambio de prisioneros, y finalmente recientemente extraditado a EE. UU. Tras la audiencia del 15 de septiembre, Saab habría comenzado a colaborar con la justicia norteamericana, declarándose culpable de “conspiración destinada al lavado de dinero”. Parece que ha aceptado devolver 195 millones de dólares y cooperar con la Fiscalía.

El caso involucra a cuatro coacusados identificados: el exgobernador del Táchira José Gregorio Vielma Mora y los empresarios colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. Se mencionan además dos coacusados bajo secreto de sumario. No se trata, sin embargo, de un proceso por corrupción en Venezuela. Estados Unidos persigue el uso de su propio sistema bancario para mover fondos ilícitos. La “víctima formal” es el sistema financiero estadounidense. La corrupción solo interesa porque la corrupción de funcionarios extranjeros, castigada por la FCPA (Foreign Corrupt Practices Act), perjudica a las empresas estadounidenses en el extranjero.

Los 195 millones no constituyen una multa: se trata de una confiscación penal que representa el volumen de dinero movilizado a través de la “conspiración” utilizando el sistema bancario estadounidense. A Saab se le acusa de haber lucrado con sobreprecio en el comercio y la distribución de las bolsas de alimentos proporcionadas por el gobierno venezolano (los CLAP) y de haber esquivado los mecanismos de las sanciones impuestas por EE. UU.

Según algunos sitios de oposición, como armando.info, que se habían opuesto a la campaña por su liberación como diplomático secuestrado, Saab habría sido durante años un colaborador de justicia de EE. UU. Una tesis ahora acogida también por el gobierno venezolano, que en los años pasados la había rechazado vehementemente.

A diferencia de lo que sostienen los medios de oposición, en los expedientes procesales Saab de todos modos no figura como “testaferro financiero” de Maduro, y por ahora no se sabe si y de qué manera sus admisiones de culpabilidad podrían pesar en el caso judicial de Maduro y Flores.

La agenda diplomática de Delcy en Nueva York se ha desarrollado a través de una densa red de contactos: primero el mantenido con el secretario general de la ONU, António Guterres, centrado en la búsqueda de la paz, la no injerencia, el multilateralismo y el derecho internacional —temas tratados por Rodríguez en su intervención desde el podio—, y luego aquellos con los dirigentes del Fondo Monetario Internacional.

En su visión del multilateralismo, Venezuela sigue defendiendo la diversificación de sus relaciones económicas y políticas, y el mantenimiento de todos los contratos firmados y activos a largo plazo con Rusia, con China, con Irán, con Turquía. De hecho, antes de acudir a la ONU, Rodríguez envió a Moscú, histórica aliada de Caracas, una delegación especial. Y, de hecho, ninguna embajada ha sido cerrada o reducida y, a partir de la rusa o la cubana, se siguen organizando eventos de carácter internacional, y continúa la recolección de ayuda para Cuba.

Lo que, sin embargo, genera más problemas es la militarización del Caribe que, por la presencia de la flota de EE. UU. frente a las costas venezolanas, impide la entrada y salida de barcos petroleros con destino a Cuba u otros países mal vistos por Estados Unidos (que entretanto continúan atacando impunemente a pescadores en el Caribe). Y, por eso, hasta ahora, solo un barco petrolero ruso ha podido alcanzar a la maltrecha isla caribeña, que denuncia un genocidio silencioso impuesto por el macabro bloqueo.

Al centro del debate político venezolano, y no solo, están luego los acuerdos petroleros firmados con Estados Unidos, que han recibido críticas vehementes, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha. Vale la pena recorrer sus términos principales. Se trata de un acuerdo complejo que concede a empresas norteamericanas la explotación de diecisiete campos petroleros divididos en ocho bloques por un período de veinticinco años, en el marco de la constitución (y no por cien años, como se ha dicho).

Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han presentado la alianza como el mayor acuerdo de la historia mundial, mientras que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, lo ha definido como un giro para el renacimiento económico del país. Precisó que, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH), las reservas petroleras venezolanas siguen siendo propiedad inalienable de la nación, ya que los derechos de concesión para la explotación están nítidamente distinguidos de la propiedad efectiva del subsuelo. El acuerdo sobre los diecisiete campos petroleros prevé una ganancia estimada de diecinueve dólares por barril extraído —calculada sobre un precio internacional de sesenta y cinco dólares— generada por un régimen fiscal que fija en el treinta y dos por ciento el impuesto sobre la renta (ISLR) y en un mínimo del dieciséis por ciento las regalías.

Este porcentaje de regalías varía en base a la complejidad geológica del yacimiento: disminuye (hasta el dieciséis por ciento) en los campos más difíciles y aumenta (hasta el veinte o veinticinco por ciento) en los más simples, pudiendo superar los doscientos nueve mil millones de dólares globales previstos en caso de que el precio del crudo suba en el mercado global.

Desde el punto de vista histórico y normativo, este régimen se coloca a mitad de camino: es menos favorable para el Estado respecto a la ley de los años dos mil impulsada por el chavismo (que imponía regalías de hasta el treinta por ciento), pero es decididamente más protector en comparación con la venta de la llamada “apertura petrolera” de los años noventa, cuando las regalías bajaban al uno por ciento.

Esta configuración alinea a Venezuela con los estándares internacionales para el desarrollo de crudos pesados y no convencionales (como los de la Faja del Orinoco o el shale oil), ofreciendo las protecciones y los incentivos necesarios para afrontar los altos costos de las primeras fases de exploración y extracción (upstream).

¿De qué sirve tener las primeras reservas de petróleo del mundo si no tenemos los medios para extraerlas, considerado el estado deplorable de los pozos debido a las sanciones?, dice el gobierno bolivariano. Y subraya cómo, en el plano político y geopolítico, el pacto demuestra la capacidad del gobierno para gestionar una negociación compleja a pesar de la coerción asimétrica sufrida por parte de Estados Unidos.

El acuerdo responde a una lógica de realpolitik: Washington necesita urgentemente petróleo a largo plazo debido a la crisis energética y al colapso de los inventarios internos provocados por la inestabilidad en el Estrecho de Ormuz y en el Golfo Pérsico, mientras Caracas capitaliza su propia resistencia económica. En este escenario pragmático, ambas partes obtienen ventaja de una relación comercial que se inserta en el canon global de las inversiones energéticas, aun imponiendo a Venezuela el desafío de gestionar los riesgos de una nueva y fuerte exposición hacia el mercado estadounidense.

Que el acuerdo no represente mecánicamente una transición hacia el neoliberalismo o el libre mercado de Friedrich von Hayek o Milton Friedman, lo confirman precisamente las críticas procedentes de la extrema derecha, que en cambio auguraría ese giro ultraliberal: no lo es —dicen los comentaristas de oposición— puesto que la estructura económica y política guiada por el bloque de poder heredado del chavismo y fundado en la unión cívico-militar sigue manteniendo la centralización estatal de los recursos estratégicos y rechazando cualquier privatización y libre competencia: so pena de la desafección de la base que, aun con fuertes malestares, sigue teniendo muy a cuenta la unidad, casi una religión para los chavistas. Y, recientemente, la clase obrera petrolera ha manifestado con una masiva y convencida presencia su pleno apoyo a Delcy, que se ha reunido con los sindicatos y los trabajadores para presentar precisamente los acuerdos petroleros. Y, en estos días, se han desarrollado manifestaciones en todo el país en apoyo a Delcy Rodríguez en la ONU.

A regañadientes, el gobierno chavista intenta moverse basándose en un pragmatismo económico dictado por la supervivencia política y por la necesidad de asegurar estabilidad cambiaria y flujos petroleros bajo el chantaje del America First impuesto por los secuestradores.

Un acuerdo que ha suscitado sin embargo las duras protestas de la izquierda radical y de intelectuales como Luis Britto García, los cuales denuncian esta entente como una capitulación monumental que compromete la soberanía nacional y traiciona los principios antimperialistas de la revolución, barajando las conquistas históricas a cambio de una legitimación internacional y de una tregua económica dictada por la realpolitik.

A esta impostación —al menos en parte— subyacen consideraciones de fondo: la desproporción de las relaciones de fuerza con Estados Unidos, la ausencia de relaciones de fuerza a escala continental (con casi todos los países gobernados por la derecha), pero también el hecho de que, en este siglo, no se han dado revoluciones violentas y nadie, ni siquiera Chávez, ha profundizado en el sentido del siglo XX la revolución bolivariana, poniendo siempre la mediación en el centro. Sin embargo, vale la pena señalar que, si uno se limita exclusivamente al pragmatismo, los pueblos terminarían por resignarse y no luchar más ante condiciones de relaciones de fuerza desfavorables, además de quedar desmovilizados por el hecho de que, en la “diplomacia de paz”, podrían dejar de sentirse protagonistas para pasar a ser meros espectadores del pragmatismo estatal.

Amanecerá y veremos, dice un refrán venezolano: hará día, y veremos.

Articolo di Cira Pascual Marquina (Venezuela)

Per più di due decenni è stato facile solidarizzare con la Rivoluzione Bolivariana. Caracas è arrivata a essere una sorta di capitale politica per una sinistra internazionale eterogenea: militanti di partito e sindacalisti, antiimperialisti e intellettuali e, sempre più spesso, persone la cui relazione con la politica era mediata dai social network. Arrivavano a congressi, riunioni ed elezioni. Venivano ospitati in hotel di lusso, si riunivano con funzionari di governo e, in alcuni casi, con comuneros e attivisti di base. Poi tornavano a casa portando con sé le immagini e gli argomenti di una rivoluzione che, per gran parte di quel periodo, avanzava nonostante la tremenda pressione esercitata dall’imperialismo sul processo.

Questa storia è importante. Il Venezuela ha aperto uno spazio politico e materiale in cui persone di diverse parti del mondo hanno potuto riunirsi, scambiare esperienze e immaginare un progetto comune. Gli incontri internazionali organizzati durante gli anni di Chávez e Maduro hanno fatto parte di uno sforzo più ampio per costruire una nuova geografia politica in America Latina e nel Sud Globale. Hanno collaborato a mantenere reti, amicizie, campagne e forme di cooperazione politica che altrimenti sarebbe stato difficile stabilire. Sarebbe meschino e storicamente inesatto liquidare queste esperienze semplicemente perché le condizioni che le hanno rese possibili sono cambiate da allora, o perché alcuni visitatori si sono sentiti attratti tanto dai privilegi accordati loro dalla rivoluzione quanto dal compito di costruirla.

C’era, tuttavia, un tetto per questa forma di solidarietà. Le condizioni materiali permettevano di partecipare alla rivoluzione senza condividerne i rischi o le crescenti difficoltà quotidiane affrontate dai venezuelani del popolo lavoratore a causa del blocco imperialista. Il governo stesso lo ha reso possibile: attraverso un grande sforzo di organizzazione e sacrificio collettivo, ha sviluppato la capacità di accogliere migliaia di visitatori, organizzare eventi e fornire alloggio, permettendo così al visitatore internazionalista di vivere la rivoluzione senza essere toccato dalle privazioni che pativano i venezuelani e, spesso, al margine degli intensi dibattiti che si svolgevano nelle basi. Questo internazionalismo esigeva poco da chi lo praticava e offriva ricompense ai visitatori, ma è stato utile.

La situazione è cambiata drasticamente. Dal 3 gennaio, quando l’imperialismo statunitense ha bombardato obiettivi in Venezuela e sequestrato il presidente Nicolás Maduro e la deputata Cilia Flores, il Processo Bolivariano è entrato in un periodo molto più difficile, segnato da ripiegamenti tattici, nuove contraddizioni ed eventi che hanno ristretto alcuni dei cammini aperti dalla rivoluzione. Per ora, non si tratta di un semplice arretramento, ma di un’inversione di marcia che chiude certe possibilità, lasciando però intatto il terreno sul quale continua il processo radicale di costruzione delle comuni.

Per molti internazionalisti che hanno viaggiato in Venezuela prima del 3 gennaio, il progetto comunale era, in gran misura, al margine della loro partecipazione politica alla rivoluzione, sebbene molti abbiano effettuato visite di due o tre ore a qualche comuna di Caracas. Tuttavia, il discorso attorno alla comuna è diventato un pilastro centrale della difesa internazionale della Rivoluzione Bolivariana. Questo accento non era infondato. Oggi le comuni costituiscono la principale riserva strategica della rivoluzione, sebbene il loro sviluppo rimanga fortemente disuguale.

Il processo rivoluzionario venezuelano non è giunto al termine. L’esperienza politica accumulata in più di due decenni rimane viva in molte comuni, così come le capacità forgiate attraverso anni di lotta. E, cosa forse ancora più importante, le comuni continuano a esistere come spazi vivi di resistenza, organizzazione, produzione, deliberazione e potere popolare, sebbene con livelli molto diversi di sviluppo e coscienza politica.

Nella sua espressione migliore, l’internazionalismo è una relazione di impegno politico reciproca — sebbene non necessariamente simmetrica — tra forze organizzate: uno scambio di capacità tra popoli organizzati che riconoscono che le loro lotte fanno parte di un terreno storico comune. Le condizioni materiali degli ultimi due decenni hanno reso possibile un’altra relazione, più semplice. Per comprendere ciò che è cambiato è necessario essere precisi riguardo a questa storia e a ciò che la congiuntura attuale esige da chi desidera rimanere dalla parte del popolo lavoratore del Venezuela. Gli internazionalisti devono rivolgere lo sguardo verso le comuni, perché è lì che rimane viva la riserva strategica della rivoluzione.

Alcuni internazionalisti che hanno scritto sulle comuni, spesso a partire da brevi incontri con esse, ora leggono i ripiegamenti degli ultimi mesi come un tradimento e si affrettano a prescrivere dalla distanza ciò che i venezuelani dovrebbero fare. Dal canto loro, le comuni stesse sono immerse nel difficile compito di navigare in queste contraddizioni invece di patrocinare una rottura con il processo, come usano fare alcuni opinologi del nord da dietro la tastiera. Dalla nostra prospettiva in Venezuela, il compito è diverso da quello proposto dai visitatori di un tempo: spetta a noi costruire un cammino da seguire in un mare di condizioni genuinamente complesse, genuinamente difficili e, con tutto ciò, genuinamente nostre da superare.

Una congiuntura unica per l’internazionalismo

C’è una differenza importante tra la situazione del Venezuela e quella di Cuba. Il Venezuela ha subito un colpo diretto alla sua capacità istituzionale e politica, mentre Cuba continua a subire gli effetti materiali di un blocco genocida. Ciononostante, entrambe le situazioni richiedono un’attenzione rinnovata da parte degli internazionalisti, ed entrambe affrontano un’offensiva imperialista ampliata le cui forme e intensità differiscono da un paese all’altro.

Tuttavia, l’offensiva non si limita al Venezuela o a Cuba. In tutta l’America Latina, la classe lavoratrice affronta un’avanzata reazionaria che assume diverse forme: governi fascisti e di estrema destra stanno avanzando in paesi come la Colombia, El Salvador, il Cile e l’Argentina; altri Stati rimangono profondamente subordinati al potere imperialista; e i governi progressisti ancora in piedi vivono in un ambiente sempre più ostile. Nel frattempo, negli Stati Uniti, un rinnovato maccartismo si consolida con la criminalizzazione del dissenso e considera la solidarietà stessa come sovversione.

Oltre l’emisfero, il genocidio contro il popolo palestinese continua, parallelamente alla guerra che gli Stati Uniti e Israele conducono contro l’Iran. Queste lotte si sviluppano in condizioni distinte e richiedono forme di organizzazione diverse, ma appartengono a un momento storico in cui il potere imperialista sta diventando più aggressivo via via che la sua capacità di ottenere consenso si fa più fragile. José Martí chiamò questo momento «l’ora dei forni» (la hora de los hornos). Oggi il calore è distribuito in tutto il continente e molto oltre.

La forma di internazionalismo che si è configurata attorno al Venezuela negli ultimi due decenni è stata possibile grazie a un insieme di condizioni materiali particolari, e quelle condizioni sono cambiate. Ora si esige che la solidarietà vada oltre la mera assistenza, e la domanda è che cosa debba significare questo cambiamento in ciascuno di questi ambiti. In Venezuela, parte della risposta ha iniziato a emergere attraverso una serie di brigate auto-organizzate che hanno viaggiato nel paese negli ultimi mesi, cercando soprattutto di andare all’incontro con le forze popolari e comunali che continuano a organizzarsi in questo contesto difficile.

Brigate: una vecchia pratica in nuove condizioni

L’internazionalismo rivoluzionario ha una lunga storia in America Latina, e i suoi precedenti più importanti risultano utili precisamente perché è stato trattato come una pratica politica materiale.

La concezione dell’internazionalismo del Che Guevara era inseparabile dalla convinzione che la lotta antiimperialista non potesse essere divisa in scomparti nazionali isolati. Una vittoria o una sconfitta in un luogo avrebbe alterato lo scenario in un altro. Il tipo di internazionalismo rivoluzionario di Cuba ha dato a questo principio un’ordinaria forma materiale, inviando medici, maestri, tecnici, soldati e quadri politici molto oltre l’isola. L’internazionalismo cubano ha trasformato, ripetutamente, le risorse e la conoscenza prodotte da una rivoluzione in capacità disponibili per altri popoli, che spesso si sono manifestate sotto forma di brigate.

Quell’internazionalismo non può semplicemente essere ricreato. La storia non si ripete in modo identico, e le condizioni che hanno permesso alla Cuba rivoluzionaria di agire internazionalmente a quella scala erano storicamente specifiche. Ma la domanda sottostante persiste: che cosa significa per un’organizzazione rivoluzionaria o per un processo popolare mettere parte della propria forza accumulata a disposizione di un altro?

L’esperienza venezuelana degli ultimi mesi punta verso una possibile risposta. Pochi giorni dopo il bombardamento del 3 gennaio, la PUPSOC, un’organizzazione di massa del sud-ovest della Colombia, si è mobilitata verso il Venezuela con una cinquantina di persone su un autobus sgangherato. Molti di loro erano contadini. Viaggiavano con il proprio cibo, i propri utensili da cucina e i mezzi per sussistere durante il viaggio. Non sono arrivati perché il Venezuela potesse offrire loro condizioni comode; sono venuti perché comprendevano che ciò che stava accadendo in Venezuela era una questione che li riguardava come popolo organizzato.

C’è una differenza considerevole tra viaggiare su invito, perché si è stati invitati a un evento internazionale, e intraprendere un lungo viaggio perché l’organizzazione in cui si milita ha deciso che una lotta che ha luogo in un altro paese fa parte del suo orizzonte politico. Il primo caso può generare un’importante solidarietà, e così è stato per anni. Il secondo punta a una relazione diversa, più sostantiva, in cui le persone arrivano con la propria esperienza politica e con qualcosa di concreto da apportare, mentre imparano e scambiano esperienze, nel caso venezuelano, con i comuneros che seminano i semi del socialismo territoriale in un paese sotto assedio.

Lasciando da parte il cosiddetto internazionalismo degli intellettuali di sinistra, principalmente quelli del Nord Globale, che pontificano sulla nostra rivoluzione e dettano, dalla distanza, ciò che i venezuelani del popolo lavoratore dovrebbero fare — un passatempo preferito per molti dal 3 gennaio —, il riemergere di brigate rivoluzionarie e auto-organizzate è il cambiamento più importante che si sta verificando nell’internazionalismo sostantivo verso il Venezuela oggi. Non si tratta più dei saloni di hotel a cinque stelle pieni di gente felice di essere in Venezuela e ancora più felice di vedersi tra loro. Ora stiamo parlando di persone che si auto-organizzano per venire in Venezuela, imparare da ciò che rimane politicamente vivo nonostante le difficoltà e passare del tempo con le comuni che continuano — in modo disuguale e sotto una pressione considerevole — a organizzare la vita collettiva mentre pensano alla strategia che ci caverà dal forno calato dal Nord.

Apprendimento tra territori

Nelle ultime settimane, tre brigate internazionaliste auto-organizzate hanno visitato la Comuna Socialista El Panal a Caracas. Ciascuna proviene da una tradizione politica diversa, ma tutte arrivano con le stesse domande: Che cosa sta succedendo in Venezuela? Quali lezioni si possono imparare? Che cosa si può fare?

La prima, organizzata dall’organizzazione internazionalista Ítaca intitolata ad Alí Primera, ha riunito giovani militanti dei Països Catalans, le cui tradizioni politiche includono una lunga storia di organizzazione territoriale e assembleare orientata a rompere con l’individualizzazione e il dispotismo del capitale. Il loro incontro con El Panal è iniziato con qualcosa di apparentemente semplice: passare del tempo nel territorio, ascoltare, fare domande ai comuneros e permettere che questi, a loro volta, ne facessero a loro. Gli scambi sono stati produttivi precisamente perché nessuna delle parti si è avvicinata all’altra come a una tela bianca. I militanti catalani hanno riconosciuto nella democrazia diretta della comuna qualcosa che seguiva la loro stessa esperienza, sebbene la collocassero in un contesto geopolitico diverso; i comuneros venezuelani, dal canto loro, hanno conosciuto pratiche collettive forgiate nel seno della lotta per l’indipendenza e il socialismo nel cuore dell’impero.

La seconda brigata, intitolata a Tamara Bunke, ha riunito militanti del Congreso de los Pueblos della Colombia; Jarqui ed Endavant, organizzazioni socialiste del Paese Basco e della Catalogna; attivisti del Movimento dei Lavoratori Senza Terra (MST) del Brasile; e NODAL, il portale di notizie argentino che copre l’America Latina e i Caraibi da una prospettiva popolare. Su questo punto, la conversazione ruotava costantemente attorno a una questione chiave: la strategia. Che cosa significa costruire potere popolare in condizioni molto difficili e come deve relazionarsi l’organizzazione territoriale con l’obiettivo politico più ampio dell’emancipazione collettiva?

La relazione tra la Fuerza Patriótica Alexis Vive (FPAV) e la Comuna El Panal offre un’espressione concreta di una questione ampiamente dibattuta con i brigatisti: la relazione dialettica tra l’organizzazione di quadri (FPAV) e l’organizzazione di massa (Panal). In El Panal, la FPAV fornisce orientamento politico e sostiene una visione rivoluzionaria a lungo termine, mentre le assemblee sono lo spazio in cui si prendono le decisioni sulla terra, la distribuzione e la vita collettiva. Il problema è antico nella politica rivoluzionaria: come possano svilupparsi congiuntamente l’organizzazione di quadri e l’organizzazione di massa, rafforzandosi a vicenda senza che l’una sostituisca l’altra.

La terza brigata, organizzata da ALBA Movimientos e intitolata a Fidel Castro, ha riunito più di trenta giovani militanti di tutto il continente in un programma che combinava formazione politica e visite a spazi di potere popolare, tra cui El Panal. Insieme ai comuneros, la brigata ha dipinto un murale sulle pareti della comuna in onore dei trentadue internazionalisti cubani uccisi il 3 gennaio difendendo il presidente Maduro. I loro nomi sono stati posti accanto a enormi ritratti già presenti sulle pareti della comuna: quello del generale Qasem Soleimani e quello del comandante Mohammed Sinwar. Ciò che ha unito le organizzazioni latinoamericane presenti nella brigata è stato un orizzonte politico condiviso: l’unità dei popoli latinoamericani, la lotta contro l’imperialismo e la convinzione che l’emancipazione debba essere costruita attraverso l’organizzazione e il lavoro collettivo del popolo. Il murale risultante trasmetteva tanto quanto qualsiasi discussione: un gruppo di internazionalisti cubani, un generale iraniano e un comandante palestinese, uniti su una stessa parete come tre fronti di una medesima guerra contro l’imperialismo.

Nel loro insieme, le tre brigate puntano verso un modo di pensare l’internazionalismo più vicino alla vecchia idea rivoluzionaria che al modello congresso-hotel: quello di ora è un internazionalismo misurato da ciò che popoli organizzati possono mettere a disposizione di altri. Un’organizzazione contadina apporta forme di lavoro territoriale sviluppate nelle campagne colombiane; militanti catalani e baschi apportano tradizioni assembleari forgiate dalle loro stesse lotte; comuneros venezuelani apportano decenni di sperimentazione con l’autogoverno. Ciascuna parte riparte con più capacità di quante ne avesse al suo arrivo, altrimenti lo scambio non ha assolto al suo compito.

Ciò che rimane

La difficoltà del momento venezuelano rende questo tipo di scambi più significativo, non meno. La Rivoluzione Bolivariana non ha seguito una linea retta verso il socialismo; la sua storia include avanzate e sconfitte, aperture e chiusure, momenti di mobilitazione di massa e periodi di esaurimento, iniziative radicali e ripiegamenti. La congiuntura attuale ha portato alla luce alcune di queste contraddizioni con particolare forza. Pertanto, questo è il momento di precisare che cosa intendiamo quando parliamo dell’irreversibilità dei processi rivoluzionari. Alcune conquiste politiche possono essere rovesciate, le istituzioni indebolite, le politiche cambiate e le strutture economiche riorientate. Non eravamo arrivati a un punto in cui le avanzate della Rivoluzione Bolivariana fossero diventate completamente irreversibili; pretendere il contrario offuscherebbe una delle lezioni centrali del momento attuale.

L’esperienza accumulata di un popolo ha, tuttavia, una temporalità diversa. Ciò che si impara attraverso l’esercizio del potere popolare non risiede nelle istituzioni. Coloro che hanno imparato a deliberare nelle assemblee comunali, a organizzare la produzione collettivamente, coloro che hanno partecipato a lotte per la terra, organizzazioni di quartiere, lotte operaie, missioni ed esperimenti comunitari, conservano ancora quella conoscenza pratica: come negoziare le contraddizioni, distribuire le risorse, gestire la burocrazia, difendere il territorio o governare qualche parte della vita collettiva. Una politica può essere rovesciata; una capacità forgiata attraverso anni di pratica non scompare dall’oggi al domani.

I rovesci attuali della Rivoluzione Bolivariana sono reali, sebbene non definitivi: la storia è arretrata sotto alcuni aspetti senza tornare al punto di partenza. Questo è importante per l’internazionalismo, giacché ciò modifica sia quello che c’è da difendere sia quello che c’è da imparare. Il compito consiste nel riconoscere le capacità politiche che ancora sussistono e nel costruire relazioni con chi continua a organizzarsi e a lottare, sia qui sia all’estero.

Fate quello che fanno i movimenti

I movimenti con una costruzione genuina si sono avvicinati al Venezuela in modo molto diverso da quello di molti intellettuali della sinistra internazionale, i quali l’hanno trasformato principalmente in un oggetto di giudizio: monitorando ogni concessione, interpretando ogni dichiarazione, identificando ogni errore politico ed, eventualmente, annunciando che la rivoluzione è praticamente finita (la maggior parte lo fa, generalmente, da una notevole distanza). Al contrario, i movimenti arrivano con la propria esperienza politica accumulata e, quando possibile, utilizzano le proprie risorse. Passano del tempo con i comuneros, percorrono i territori, cucinano insieme, dibattono la strategia e si chiedono che cosa possano imparare gli uni dagli altri.

Il punto di partenza di un movimento è diverso perché la sua gente sa già che cosa significhi organizzarsi sotto pressione e sostenere il lavoro collettivo quando le risorse scarseggiano; essendo così, le loro visite diventano un’occasione per esplorare che cosa si possa costruire insieme. Vanno oltre il semplice tracciare un bilancio di ciò che accade in Venezuela. I movimenti con un reale lavoro politico proprio tendono a comprendere che una relazione internazionalista debba essere reciproca, che la solidarietà implichi tanto l’imparare quanto il dare, e che l’utilità politica di un incontro dipenda, parzialmente, dal fatto che entrambe le parti ripartano con più capacità di quante ne avessero al momento di unirsi. Questa può essere una delle lezioni più utili del momento presente: l’internazionalismo si può ricostruire attraverso le pratiche delle persone organizzate, anziché attraverso l’“autorità” degli osservatori.

Per chi è ancora interessato al Venezuela, la sfida è, pertanto, piuttosto semplice: fate quello che fanno i movimenti — e per movimenti intendo forze organizzate con una reale pratica politica propria: partiti rivoluzionari, organizzazioni di base, sindacati, movimenti contadini, ecc. Venite con domande, non con verdetti. Venite con la vostra esperienza. Venite preparati a imparare e a contribuire. Venite nei territori dove la gente si sta organizzando. Venite nelle comunas.

La sinistra internazionale non deve fare del Venezuela il centro di tutto. Oggi Cuba esige una solidarietà urgente e militante, e le lotte che si sviluppano in America Latina e negli Stati Uniti fanno parte dello stesso ampio contesto storico, così come il genocidio contro il popolo palestinese a Gaza e la guerra che gli Stati Uniti e Israele stanno perpetrando contro l’Iran. Questi sono fronti distinti che nascono da condizioni diverse, ma che, nel loro insieme, rivelano la stessa pericolosa espansione di una potenza imperialista la cui violenza è diventata più temeraria via via che la sua posizione storica si è fatta più precaria.

Tuttavia, quando c’è interesse per il processo venezuelano, è possibile trasformare quell’interesse in qualcosa di più utile di un semplice commento. L’«ora dei forni» di Martí descrive precisamente questo tipo di momento: un periodo di calore intenso e di pericolo in cui il risultato è incerto, ma in cui le forze politiche vengono messe alla prova e si foriano. La sua metafora non contiene né la comodità dell’ottimismo né la paralisi della disperazione: il forno è pericoloso perché trasforma le cose, ma produce anche luce. Decenni dopo, il Che avrebbe posto le parole di Martí in cima al suo appello alla lotta internazionale, estendendo quella luce oltre Cuba verso un orizzonte continentale.

Il Venezuela è uno dei forni di oggi, giacché affronta un’estrema pressione imperialista mentre alcune comuni continuano ad aprire la strada verso il socialismo. Cuba è un altro, sotto un blocco che cerca di rendere materialmente impossibile la sopravvivenza della rivoluzione. La Palestina è un altro, soffrendo un genocidio perpetrato sotto gli occhi di tutti; l’Iran ne è un altro ancora, affrontando una guerra degli Stati Uniti e di Israele contro la sua sovranità. In tutta l’America Latina, i movimenti popolari affrontano la reazione, la fascistizzazione, la dipendenza e la rinnovata affermazione del potere statunitense; e persino negli Stati Uniti gli organizzatori stanno affrontando un ambiente politico in cui il dissenso e la solidarietà sono trattati sempre più come oggetti di repressione. Ciascuno di questi forni ha la sua temperatura, la sua storia, le sue contraddizioni; il compito non è classificarli, ma comprendere che cosa significhi stabilire relazioni tra chi lavora in ciascuno di essi.

Il processo rivoluzionario del Venezuela sta entrando in un periodo difficile e incerto: le sue contraddizioni sono reali, così come lo è ciò che ha accumulato. Forse è proprio questo il terreno sul quale si possa ricostruire un internazionalismo diverso: basato sulla reciprocità, sullo scambio di capacità politiche e sul riconoscimento che nessun popolo rivoluzionario possa emanciparsi isolato. Le comunas sono ancora qui, e i movimenti continuano a lavorare al loro interno.

È l’ora dei forni, e ciò che importa ora è la luce che produrremo insieme.

(Traduzione di Geraldina Colotti)

Geraldina Colotti

¿Rendición o avance táctico? La firma del reciente acuerdo energético entre el Estado venezolano y los Estados Unidos representa una de las inflexiones más profundas y complejas de la historia contemporánea del país. La decisión se produce en una coyuntura de extrema tensión, atravesada por el asedio imperial, las secuelas del bloqueo financiero, el bombardeo de enero y el dramático secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la «primera combatiente» Cilia Flores. Este entendimiento ha desatado un intenso debate en el seno del pensamiento antiimperialista y de la izquierda global. Lejos de las lecturas simplistas que oscilan entre la condena rotunda y el entusiasmo ingenuo, un análisis riguroso exige sopesar los datos técnicos, el contexto geopolítico, los riesgos, las alternativas reales y la respuesta organizada de la clase obrera.

Para comprender la naturaleza del acuerdo es imperativo partir de la realidad material que lo precede. Tras más de una década de medidas coercitivas unilaterales —un asedio sistemático donde PDVSA concentró el blanco de más del 20% de las sanciones, reduciendo drásticamente la capacidad de extracción y asfixiando los ingresos fiscales de la nación—, la economía venezolana operaba bajo un cerco asfixiante que culminó en la agresión militar directa y en el secuestro del presidente Maduro y de la primera combatiente Cilia Flores. Desde los últimos meses de 2025, el país fue sometido incluso a un bloqueo naval de hecho, encontrándose con cero ingresos y viéndose obligado a vender petróleo de forma irregular por debajo del precio de mercado con tal de sobrevivir.

Como ha señalado el viceministro William Castillo, el país ha transitado un largo «ciclo de resistencia» frente a la agresividad externa. Y el presidente Maduro ha sido uno de los principales artífices de esta gran táctica para romper el asedio.

Frente a la campaña de desinformación desatada por los grandes centros hegemónicos de comunicación y por los sectores de la extrema derecha —decididos a hacer creer que el pacto representa la entrega de los recursos nacionales a precios de gallina flaca—, la realidad de las cifras y el marco legal establecido por la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos desmienten entretanto el relato opositor. El acuerdo abarca concesiones sobre 17 campos estratégicos y 8 bloques verdes (greenfields) en la Faja Petrolífera del Orinoco Hugo Chávez Frías (alrededor del 21,5% de las reservas probadas). Se trata de áreas sin infraestructura previa que requieren capitales masivos para construir todo desde cero. El hecho de que el operador privado asuma el proyecto a su propio costo, cuenta y riesgo le ahorra al Estado venezolano costos y enormes riesgos operativos, manteniendo la República la propiedad jurídica y absoluta de los yacimientos.

La duración del contrato está limitada por ley a 25 años (y no a 100 como sostiene la propaganda opositora). Esto obliga a las empresas a poner en producción los pozos en el menor tiempo posible, garantizando el ingreso de inversiones a muy corto plazo. Dicho esto, dado el deterioro de las instalaciones, según algunos analistas los resultados comenzarán a ser efectivos no antes de cinco años.

La regalía mínima se ha fijado en el 16% por cada barril extraído, a lo que se suma un Impuesto Sobre la Renta (ISLR) del 34%. Basta recordar que durante la llamada Apertura Petrolera de la Cuarta República la regalía era de apenas el 1%. Desde la llegada de Chávez, las grandes trasnacionales ya no han vuelto a dejar solo las migajas como antaño. Las estimaciones indican que el entendimiento aportará a las arcas del Estado más de 209 mil millones de dólares (alrededor de 19 dólares netos por barril únicamente en concepto de tributos fiscales). El total de los beneficios económicos para la nación incluirá componentes adicionales previstos en la ley.

Las declaraciones de Donald Trump —según las cuales EE. UU. habría «tomado» 65 mil millones de barriles— responden a una maniobra retórica para condicionar los mercados financieros y bajar los precios del crudo en el marco de la crisis de Ormuz. Los datos matemáticos indican que la extracción efectiva en los 25 años de contrato se situará en torno a los 11 mil millones de barriles; los 65 mil millones representan simplemente el stock global de las reservas estimadas para esas áreas, no su expolio total.

La respuesta concreta a esta inflexión geopolítica se consolidó en el encuentro entre el gobierno bolivariano y la fuerza trabajadora del país, documentado por las emisoras nacionales e internacionales. Durante la asamblea con las y los trabajadores, la presidenta incaricata Delcy Rodríguez desgranó con claridad la línea de acción del Ejecutivo. Reconoció abiertamente las dificultades extremas y los sufrimientos padecidos por el pueblo venezolano a causa del asedio y del bloqueo económico, recordando cómo las sanciones han golpeado el corazón de los salarios y de los derechos sociales de la clase trabajadora.

Reiteró que el ingreso regulado de inversiones no significa rendición ideológica alguna, sino un instrumento pragmático y soberano para poner en marcha las capacidades productivas nacionales, recuperar la industria petrolera y generar los ingresos fiscales indispensables para reconstruir el salario real. Subrayó que ninguna transformación económica se hará a espaldas de los trabajadores: la clase obrera y las estructuras sindicales —dijo— están llamadas a ejercer un control social directo, vigilando los procesos productivos y garantizando que los recursos generados permanezcan al servicio de la justicia social y de la defensa de la Patria.

Para el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y para la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad, el Campo y la Pesca (CBST, el principal sindicato del país), este encuentro directo confirmó que la reactivación industrial bajo el control soberano del Estado constituye el único instrumento real para defender el poder adquisitivo y garantizar la estabilidad laboral.

Analistas del sector técnico como el experto petrolero David Paravisini confirman que la inserción de capitales y la cooperación técnica internacional no solo son inevitables para superar el rezago productivo inducido, sino que refuerzan la experiencia de la clase trabajadora petrolera y reafirman la solidez de un Estado que continúa fijando las reglas soberanas de explotación. El petróleo —reitera el experto— debe volver a producir riqueza para el pueblo y no permanecer estéril bajo tierra.

En este escenario de máxima vulnerabilidad, la decisión del Ejecutivo afirma responder a una precisa maniobra táctica. Por un lado, afronta el dilema entre dejar las reservas inutilizadas debido al bloqueo tecnológico o abrir cauces regulados para reactivar el aparato productivo. Por otro lado, busca desolidarizar y resquebrajar la arquitectura de las sanciones, haciendo palanca en los intereses económicos de las corporaciones para aligerar la presión y propiciar, en el plano jurídico y diplomático, el retorno del presidente secuestrado Nicolás Maduro y de Cilia Flores. La presidenta encargada, actuando en el marco de la continuidad institucional «para evitar el caos», ha priorizado esta maniobra geopolítica.

El panorama político interno muestra sin embargo diversas matices. Figuras de la extrema derecha como María Corina Machado o María Elvira Salazar, junto a exfuncionarios como Rafael Ramírez (exministro de Petróleo, prófugo de la justicia por corrupción y hoy en la oposición), han atacado el acuerdo. Es una flagrante contradicción por parte de quienes durante años pidieron invasiones, bloqueos y sanciones y hoy lamentan las consecuencias del cerco que ayudaron a diseñar.

Sectores minoritarios del chavismo radical e intelectuales como Luis Britto García han planteado legítimas advertencias sobre los riesgos de opacidad financiera o sobre el peligro de que los flujos monetarios queden atrapados en los circuitos de control del Tesoro estadounidense.

Al mismo tiempo, no encuentra confirmación alguna la idea de que el acuerdo con Washington implique la ruptura de las alianzas estratégicas con los socios multipolares en Eurasia, como China o Rusia. Pekín y Moscú mantienen intactos sus contratos de asociación estratégica en los yacimientos del Orinoco, en un modelo de coexistencia multivectorial donde el Estado venezolano conserva la dirección unitaria.

Dentro del propio bloque revolucionario se levantan además voces que ponen el acento en la naturaleza temporal y viciada de cualquier firma efectuada bajo chantaje. Entre estas destaca la posición de la diputada Iris Varela, quien ha subrayado la sustancial inoperatividad de acuerdos suscritos bajo la amenaza directa de las armas y de la agresión externa. Varela ha recordado que tales pactos sufren de un vicio de origen y que, una vez restablecida la plena normalidad constitucional y la soberanía territorial sin injerencias, estos contratos podrán ser legalmente anulados por ser insanablemente inconstitucionales.

Entre tanto, prosigue la ofensiva legal ya en curso a nivel internacional para el retorno del presidente secuestrado. La defensa de Nicolás Maduro y de Cilia Flores ha presentado ya un formal recurso de nulidad ante los tribunales internacionales y estadounidenses, denunciando la ilegitimidad de su secuestro en palese violación de la inmunidad diplomática y soberana. Una maniobra legal que, en las intenciones del gobierno encargado, se entrelaza con la económica y petrolera: para desolidarizar la arquitectura de las sanciones, haciendo palanca en los intereses económicos de las corporaciones extranjeras, para aligerar la presión y propiciar, en el plano económico, jurídico y diplomático, el retorno a la patria de la pareja presidencial.

El acuerdo energético sobre el Orinoco rechaza las métricas abstractas y los juicios de gabinete: debe colocarse dentro de la materia viva de la lucha de clases global y en la despiadada correlación de fuerzas surgida de la agresión de enero. Las experiencias históricas de los procesos revolucionarios enseñan que la firmeza de una fase de transición no se mide por el purismo de la inacción, sino por la capacidad táctica de preservar el poder político, defender la vida material del pueblo y doblegar en beneficio propio las fisuras internas del adversario imperial.

La batalla por el control de los recursos y por el destino de la República sigue de todos modos completamente abierta. En este escenario impervio, la lucidez analítica, la cohesión orgánica de las bases y la intransigencia de la fuerza trabajadora y de las comunas constituyen la verdadera garantía para que esta compleja maniobra de resistencia no termine en un desastre, sino que por el contrario se convierta en una victoria estratégica para Venezuela y para todo el Sur Global.